Poder Judicial de la Federación 2025: La primera radiografía.

Marte G. Ferrer.[1]

 

Han transcurrido prácticamente quince días desde que la totalidad de personas juzgadoras electas en junio de 2025, han iniciado sus labores en sus respectivos juzgados y tribunales.

Existe cierto esceptismo por el futuro de la judicatura, en especial la federal, como última herramienta que en últimas décadas tuvo la sociedad para frenar los abusos desde otros poderes, entre ellas, el Legislativo y el Ejecutivo.

Sin embargo, aún existen confusiones para muchas personas sobre las funciones de cada poder.

Recordemos que desde la caída de la mayoría de monarquías surgió lo que se conoce como el “principio de división de poderes”, esto es, que el Estado tenía que dividirse cuando menos en tres partes para evitar que una sola persona (como el Rey o monarca) tuviera un poder sin límites.

Estos tres poderes son el Ejecutivo (representado por una presidencia en lo federal y la gubernatura en lo local), el Legislativo (representado por las Cámaras de Diputados y Senadores en lo federal y Cámara de Diputados en lo local) y el Judicial (representado por el Poder Judicial de la Federación en lo federal y los poderes judiciales en lo local).

Hasta hace poco, solo los Poderes Ejecutivo y Legislativo eran elegidos por voto popular. Desde la reforma judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación en septiembre de 2024, también los cargos de titulares (personas juezas, magistradas o ministras) deben elegirse por el voto popular (el segundo período electoral será en 2027).

No me detendré a analizar si ese método es el mejor o cuando menos, el menos peor (hay varios estudios al respecto), sino los resultados que hasta este momento 29 de septiembre de 2025, se están revelando a propósito de aquel dicho popular que reza: “la primera impresión es lo que cuenta”.

Pues bien, toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue renovada, y entre sus nuevos integrantes destacan gratamente los ministros Giovanni Azael Figueroa Mejía y Arístides Rodrigo Guerrero García, sobre todo por la cultura de un derecho en lenguaje claro que desean impulsar en la discusión de los asuntos. Muchas veces los profesionales del derecho olvidamos que esas sesiones ya las comienzan a sintonizar o cuando menos, ver los videos cortos en Redes Sociales, personas que no conocen de un lenguaje técnico. Y eso es algo positivo: que la sociedad esté interesada en sus jueces y juezas.

Asimismo, el ministro presidente está impulsando el pluralismo jurídico, lo que significa reconocer las realidades en las diversas comunidades de nuestro país; además, se ha sabido rodear de personas capaces, entre ellas, valiosos perfiles de carrera judicial que seguramente abonarán mucho a la construcción de la duodécima época del Semanario Judicial de la Federación (lugar en el que se publica lo que se denominan “precedentes” -sentencias que marcan la ruta a seguir en diversos temas- y las “tesis”   -una especie de resumen de las sentencias emitidas-).

Una cosa es clara: la productividad y la vanguardia en los votos y sentencias de las personas ministras estará apoyada por sus colaboradores. Muchas visiones desde diversos lugares de los que provengan (postulancia, academia, administración pública, etcétera) nutrirán su argumentación pero en mi opinión, la carrera judicial sigue y seguirá siendo necesaria en un equipo que aspire a ser completo.

No olvidemos que los temas que estudia la judicatura federal son aquellas relativas a la constitucionalidad o legalidad de actos, normas u omisiones de los poderes federales y locales. Y existen diversas materias, principalmente la penal, la civil (y dentro de ella, la familiar y mercantil), la laboral y la administrativa.

Pero hay algo que ni en mis 14 años de egresado de la carrera ni mucho menos en mis 8 años dentro del PJF había visto: la notoria ineptitud de varias personas juzgadoras electas por voto popular.

Es verdad que antes, cuando el PJF era totalmente de carrera judicial, existieron casos penosamente célebres que se volvieron mediáticos–como el caso “juez Porky” en Veracruz- pero ello obedecía a criterios jurídicos y no a la incompetencia absoluta para sostener el cargo.

¿Un ejemplo? Los argumentos que dan las personas para combatir los actos, normas u omisiones de las autoridades (y en algunos casos, de particulares que realicen actos equivalentes a los de una autoridad) cuando acuden por primera vez al PJF, se les denomina “conceptos de violación”. Si impugnan la sentencia que en primera instancia dictan los jueces o juezas en amparo indirecto o de forma excepcional en amparo directo -dictadas por personas magistradas-, los motivos de inconformidad en su contra se denominan “agravios”.

Parecería una distinción conceptual sin mayor trascendencia, pero es vital para diferenciar cuándo se atacan violaciones a la Constitución o leyes (conceptos de violación) o cuándo se alega que se vulneró la legalidad (agravios) por cómo actuó en sus resoluciones la persona jueza (juzgados de distrito) o personas magistradas (tribunales colegiados). Y de esa manera, por regla general se podrá delimitar la materia de estudio (a reserva de los casos en que opere la suplencia de la queja).

Y si un profesional del derecho desconoce algo tan básico, hay un amplio margen para preguntarse si conocerá cuestiones más técnicas o profundas de los casos en su conocimiento.

Ese y otros peores tipos de errores cometió un magistrado electo -que fue oficial administrativo (hoy judicial) por una semana- mismos que podrán corroborar en la sesión extraordinaria de veinticinco de septiembre de dos mil veinticinco[2], consultable en YouTube, porque hasta el veintiocho de septiembre de 2025 ya no está en la página del Órgano de Administración Judicial (antes Consejo de la Judicatura Federal). Y lamentablemente en una materia en donde menos se debe dar espacio a experimentar, como es la familiar porque suele estar inmerso el interés superior de la infancia o adolescencia.

Por otro lado, una persona que hoy es magistrada electa, en sus propuestas cuando era candidata[3] criticó el “rezago” jurisdiccional y por ende, dijo, implementaría “criterios” para dar mayor celeridad y “calidad” en las sentencias; no obstante, solo propuso tres asuntos para su resolución en la sesión de 26 de septiembre de 2025 del Tribunal Colegiado de su adscripción[4] cuando en promedio, por ponencia (encabezada por la persona magistrada) es de 12 asuntos -36 asuntos en promedio en cada sesión ordinaria por Tribunal Colegiado-. Pues bien, ella para “atacar” el “rezago” solo propuso 3 asuntos de los 12 que cuando menos, debió estudiar de su ponencia para esa sesión.

Respecto a la materia penal el Foro Profesional de Abogados de Saltillo pide la renuncia[5] de un juez electo adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Torreón, Coahuila, con base en la notoria ineptitud que está demostrando en sus audiencias, ya que ni siquiera sabe cuáles delitos son de su competencia[6].

Sin pasar por alto que existen denuncias públicas[7] a personas de carrera judicial por atribuírseles conductas de acoso de forma laboral o sexual a sus colaboradoras. Las quejas ante el antiguo Consejo de la Judicatura Federal no hicieron efecto. ¿Lo harán ahora ante el Tribunal de Disciplina? Con independencia de ello, las denuncias públicas en redes sociales o medios de comunicación parecen ser, por ahora, la única herramienta que tienen las víctimas en contra de sus agresores.

Esos y más casos no se conocerían si no es por una especie de observatorios ciudadanos que están materializando personas de carrera judicial, como es el secretario de Tribunal Carlos Arteaga[8], la jueza Yazmín Murillo[9] o las juezas en retiro Martha Magaña[10] y Marlen Ángeles[11], con críticas necesarias si en verdad se aspira a una mejor impartición de justicia.

¿Qué podría mejorarse de cara a 2027?

Me parece que la base de mejora gira en torno a los comités de selección de cada poder.

Contar con comités de personas con conocimientos sólidos en la impartición de justicia y ética judicial, con el fin de someter a las personas candidatas a exámenes prácticos y a un análisis, cuando menos superficial, de su calidad personal, auxiliaría mejor para seleccionar perfiles óptimos. Los errores que algunas personas juzgadoras electas tienen hoy se podrían minimizar con estándares de selección más rigurosos.

La carrera judicial debe considerarse para aquellas personas que cuando menos fueron personas secretarias, preferentemente juezas y magistradas, ya que aun cuando es cierto que existen personas oficiales o actuarias que son excelentes perfiles, es casi imposible verificarlo perfil por perfil; por ende, tendría que darse mayor peso a las “máximas de la experiencia” para estimar idóneas, al menos en el papel, a aquellas personas que son o fueron secretarias, juezas o magistradas por Curso/examen de aptitud o concurso de oposición, respectivamente.

La postulancia o academia debe también exigirse en cuanto a la calidad de asuntos que se han litigado o a la producción científica que se ha logrado desde la investigación.

Los derechos de todas las personas están en riesgo ante personas inexpertas. No descarto personas juzgadoras electas –que sean externas del PJF porque sé que secretarias, juezas o magistradas tienen todas las credenciales para cuando menos, sostener con argumentos jurídicos sólidos sus posturas- que también sean buenos elementos, seguramente las hay, pero tristemente lo que está pasando hoy no había ocurrido antes, al menos no en la judicatura federal y eso es lo que más está tomando eco.

Las críticas en el pasado fueron por el criterio jurídico adoptado (margen para decidir conforme a la Constitución, tratados internacionales y leyes sin contrariarlas, en ocasiones se emiten tesis o forman precedentes) jamás por la ineptitud o incompetencia de las personas juzgadoras federales.

Esperemos que nuestros legisladores tomen nota de todo lo que está ocurriendo para subsanar las deficiencias actuales de cara a 2027, pues en algún momento ellos podrían ser también parte de un proceso jurisdiccional, ya que es falso que haya “justicia de secretarios” pues la decisión final la tienen los titulares, por eso son personas juezas, magistradas o ministras.

Una auténtica justicia cercana a las personas inicia con algo muy sencillo: personas juzgadoras honestas, capaces y diligentes. Por el bien de nuestro México, esperemos que se mejore el proceso de selección de candidaturas judiciales y no se diluya la frase célebre de Morelos: “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”.

 


[1] Licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Maestro en Derecho Procesal Constitucional con mención honorífica por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (PNPC Conacyt). En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como oficial administrativo (hoy judicial), secretario particular y actuario de Tribunal Colegiado de Circuito, Director de Área de la entonces Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ), actuario y secretario de juzgado de Distrito. Actualmente se desempeña como secretario de Tribunal Colegiado de Circuito.

[9] Perfil en X: https://x.com/YM87B

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